Resumen: PRIMERO.- La Confederación Sindical ELA solicitaba en la demanda origen de las actuaciones en curso y presentada el 25 de marzo de 2021, en nombre de su afiliado Sr. Carlos Antonio, que se declarase que la empleadora había vulnerado el derecho fundamental a la vida e integridad física, consecuencia de ello que se condenase a la citada a cesar de inmediato en su conducta vulneradora y a cumplir su deuda de seguridad, concretamente a provisionarle de mascarillas quirúrgicas o FFP2, batas para riesgos biológicos y guantes de caña larga, todo ello con la frecuencia necesaria, así como al abono de una indemnización en cuantía de 6.251 euros por los daños morales y físicos ocasionados.
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso que plantea el demandante contra la sentencia del Juzgado de lo Social que declara improcedente el despido disciplinario acordado por la empresa en base a una supuesta agresión a un superior, causada a través del accionamiento de un sistema de movimiento que genera la caída de un animal muerto a los pies del gerente. El Juzgado consideró que no se pudo entender realizada de propósito esa conducta. El demandante propone la nulidad por dos razones: por estar causalizado en la merma productiva derivada de la crisis COVID y por entender que el mismo supuso un ataque a la garantía de indemnidad que protege el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante. La Sala rechaza este argumento, entendiendo que, si bien es cierto que el demandante impugnó un despido objetivo realizado trece meses antes del despido, hubo acuerdo conciliatorio en improcedente con readmisión, que se produjo realmente, trabajando el demandante con normalidad durante varios meses, siendo que existen datos que hacen ver que la real causa fue lo que la empresa entendió que era una agresión al gerente. La Sala explica la operativa de las reglas de la carga de la prueba en estos casos. También descarta que se haya infringido la prohibición de despedir por causas objetivas relacionadas con el COVID, por razón de que se trata de un despido disciplinario propiamente dicho. Previamente desecha dos reformas fácticas, al basarse en prueba testifical.
Resumen: PRIMERO.- La instancia ha dictado Sentencia en la que ha desestimado la demanda que D. Estanislao dirigió frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la empresa "BETIKO IKASTOLA, SCOOP." y ha confirmado la Resolución administrativa que le denegó todo grado de incapacidad permanente.
Resumen: Primero.- La representación procesal de Gracia recurre en apelación el auto de 20 de julio de 2021 dictado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Vitoria-Gasteiz en las Diligencias Previas nº 793/2020, por el que se acuerda el sobreseimiento provisional de la causa; y recurre de nuevo en apelación, de forma procesalmente incorrecta (solo correspondía efectuar las alegaciones del art. 766.4 LECrim.), el auto de 19 de noviembre de 2021, que desestimó el recurso de reforma interpuesto con carácter principal.
